🏥 Tema 4: La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud

TCAE (Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería) · Servei de Salut de les Illes Balears · Bloque I

Resumen

La ley crea el marco de coordinación y cooperación entre las Administraciones sanitarias. Su fin es garantizar la equidad, la calidad y la participación social en el Sistema Nacional de Salud (art. 1). Entre sus principios están la igualdad efectiva, el aseguramiento universal y público por el Estado y la financiación pública (art. 2). Son titulares del derecho todos los españoles y los extranjeros con residencia establecida en España (art. 3.1). Quien no tenga cobertura con fondos públicos puede obtenerla pagando la cuota de un convenio especial (art. 3.3). Reconocer y controlar ese derecho corresponde al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (art. 3 bis). Los ciudadanos tienen derecho a una segunda opinión, a un tiempo máximo de asistencia y a ser atendidos cuando están desplazados (art. 4).

El catálogo de prestaciones garantiza una atención integral, continuada y en el nivel adecuado. Incluye salud pública, atención primaria, atención especializada, sociosanitaria, urgencias, farmacia, ortoprótesis, productos dietéticos y transporte sanitario (art. 7). Se hace efectivo mediante la cartera común, que se acuerda en el Consejo Interterritorial y se aprueba por real decreto (art. 8). La cartera básica cubre la asistencia en centros y el transporte urgente, con financiación pública completa (art. 8 bis). La suplementaria se dispensa de forma ambulatoria y exige aportación del usuario: farmacia, ortoprótesis, productos dietéticos y transporte no urgente (art. 8 ter). La accesoria agrupa servicios no esenciales o de apoyo a crónicos, con aportación o reembolso (art. 8 quáter). Las comunidades pueden añadir una cartera complementaria pagada con sus presupuestos (art. 8 quinquies).

La salud pública reúne iniciativas colectivas para preservar, proteger y promover la salud. Abarca la vigilancia, la promoción, la sanidad ambiental, la seguridad alimentaria, la salud laboral y la detección precoz de enfermedades raras, entre otras (art. 11). La atención primaria es el nivel básico e inicial, y actúa como gestor y coordinador de casos y regulador de flujos (art. 12). Incluye la atención a domicilio, la salud mental, la bucodental, los cuidados paliativos y la detección de la violencia de género (art. 12.2). La especializada interviene cuando se superan las posibilidades de primaria y se presta, si el paciente lo permite, en consultas externas y hospital de día (art. 13). La sociosanitaria se organiza en los niveles que fijen cada comunidad y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (art. 14). La urgencia se atiende las 24 horas, dentro y fuera de los centros (art. 15).

La prestación farmacéutica busca que el paciente reciba la dosis y la duración adecuadas, al menor coste posible para él y para la comunidad (art. 16). La ortoprotésica sustituye estructuras corporales o corrige su función (art. 17). La de productos dietéticos cubre los trastornos metabólicos congénitos y la nutrición enteral domiciliaria (art. 18). El transporte sanitario debe ser accesible a personas con discapacidad (art. 19). El contenido de la cartera común lo acuerda el Consejo Interterritorial, a propuesta de la Comisión de prestaciones, aseguramiento y financiación (art. 20). Se actualiza por orden ministerial, y cada técnica nueva se evalúa antes de usarse (art. 21). El cribado neonatal de la prueba del talón se evalúa al menos una vez al año (art. 21). Si falta información sobre una técnica, cabe su uso tutelado, financiado por el Fondo de cohesión (art. 22).

Las garantías dan valor real al derecho. Todos los usuarios acceden en igualdad efectiva (art. 23), estén donde estén, con especial atención a los territorios insulares (art. 24). Los tiempos máximos se fijan con criterios marco del Consejo Interterritorial, aprobados por real decreto. Quedan fuera los trasplantes y las catástrofes (art. 25). Los servicios de salud informan de derechos y cartera. Además, existe un Registro general de centros que se nutre de los registros autonómicos (art. 26). Los requisitos mínimos para abrir centros se fijan por real decreto básico, y las comunidades pueden ampliarlos (art. 27). El Consejo designa los servicios de referencia y el Ministerio los acredita (art. 28). Estas garantías alcanzan a todos los centros, públicos y privados (art. 29).

En farmacia, el Estado evalúa, registra, autoriza y controla medicamentos y productos sanitarios. También decide su financiación pública y su precio (art. 30). La Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios dirige la política farmacéutica y resuelve sobre financiación y precio (art. 31.2). La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, como organismo técnico, evalúa, registra, autoriza, inspecciona y vigila (art. 31.3). Sus órganos de dirección son el Consejo Rector y el Director. El Consejo Rector lo preside el Subsecretario y cuenta con representantes de las comunidades autónomas (art. 32). Las oficinas de farmacia colaboran mediante conciertos. Se tenderá a la dispensación individualizada y a la receta electrónica, con participación de las organizaciones colegiales médica y farmacéutica (art. 33).

La formación de los profesionales se orienta a la calidad e incluye la perspectiva de género (art. 34). La Comisión de Recursos Humanos, presidida por el Ministro, planifica y diseña la formación. De ella depende el Foro Marco para el Diálogo Social, formado por las Administraciones y los sindicatos más representativos (art. 35). La Comisión Consultiva Profesional apoya a esa Comisión (art. 35.4). La Agencia de Calidad coordina la acreditación de los servicios para la docencia de postgrado (art. 37). La carrera profesional es el derecho a progresar de forma individualizada (art. 41). La competencia es la aptitud para integrar y aplicar conocimientos, habilidades y actitudes (art. 42). La movilidad se regula por real decreto, tras acuerdo del Consejo e informe del Foro Marco (art. 43).

El Ministerio elabora la iniciativa sectorial de investigación en salud, previa consulta al Consejo Interterritorial, para integrarla en el Plan Nacional de I+D+I (art. 45). El Instituto de Salud Carlos III acredita institutos y redes cooperativas. También ofrece apoyo con bancos de tejidos, serotecas o bases de datos bioinformáticos (arts. 48 y 52). El Ministerio designa los centros de investigación del SNS (art. 49). El sistema de información sanitaria desagrega por sexo los datos y sirve a Administraciones, gestores, profesionales y ciudadanos (art. 53). Una red segura transmite, entre otros datos, el código de identificación personal único y la receta electrónica (art. 54). La tarjeta sanitaria recoge la identificación del titular, su derecho a la prestación farmacéutica y la entidad responsable (art. 57). El Instituto de Información Sanitaria gestiona el sistema (art. 58).

La infraestructura de la calidad tiene cinco elementos: normas de calidad y seguridad, indicadores, guías de práctica clínica y registros de buenas prácticas y de acontecimientos adversos (art. 59). La elabora la Agencia de Calidad (art. 60). El Ministro da cuenta al Senado de los planes de calidad (art. 61). La Agencia acredita a los auditores, cuyos certificados valen en todo el SNS (art. 62). El Observatorio de Salud asesora y está adscrito a través de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación (art. 63). Los planes integrales tratan patologías prevalentes, relevantes o con especial carga sociofamiliar. Después, cada comunidad adapta su organización (art. 64). Las actuaciones coordinadas en salud pública las declara el Ministerio, previo acuerdo del Consejo. En seguridad alimentaria, las declara la AESAN (art. 65).

La participación social se canaliza por tres vías. El Comité Consultivo es permanente. El Foro Abierto de Salud es temporal y lo convoca el Ministro. El Foro Virtual funciona en red (art. 67). El Comité Consultivo tiene seis miembros del Estado, seis autonómicos, cuatro locales, ocho empresariales y ocho sindicales (art. 67). El Consejo Interterritorial es el órgano permanente de coordinación. Lo preside el Ministro, y la vicepresidencia es para un consejero elegido por todos (art. 70). Aprueba recomendaciones por consenso (art. 73) y envía cada año una memoria al Senado (art. 69). Su Comisión Delegada la preside el Secretario General de Sanidad (art. 74). La Alta Inspección verifica el cumplimiento y advierte de los incumplimientos a través del Delegado del Gobierno (art. 76).

Claves para el examen

• El objeto de la ley es garantizar la equidad, la calidad y la participación social en el SNS (art. 1).
• El Consejo Interterritorial y la Alta Inspección hacen el seguimiento de las acciones de la ley (art. 5).
• Para extranjeros en estancia temporal es preceptivo un informe previo favorable de los servicios sociales autonómicos (art. 3 ter).
• La cartera común se aprueba por real decreto (art. 8) y se actualiza por orden ministerial (art. 21).
• El transporte urgente está en la cartera básica; el no urgente, en la suplementaria (arts. 8 bis y 8 ter).
• Solo se acude a medios ajenos al SNS en situaciones de riesgo vital (art. 9).
• La memoria económica de cada nueva prestación se eleva al Consejo de Política Fiscal y Financiera (art. 10.3).
• La urgencia se presta las 24 horas, con atención médica y de enfermería (art. 15).
• Trasplantes y catástrofes quedan fuera de la garantía de tiempo máximo (art. 25.2).
• El Consejo Rector de la AEMPS lo preside el Subsecretario de Sanidad y Consumo (art. 32).
• La Comisión de Recursos Humanos la preside el Ministro; la Comisión Delegada, el Secretario General de Sanidad (arts. 35 y 74).
• El Instituto de Información Sanitaria puede reconocer como válidos registros profesionales y científicos (art. 58.5).
• El registro de acontecimientos adversos recoge las prácticas que han supuesto un problema potencial de seguridad (art. 59).
• El Comité Consultivo tiene 6 miembros del Estado, 6 autonómicos, 4 locales, 8 empresariales y 8 sindicales (art. 67).
• El Consejo Interterritorial envía cada año una memoria al Senado (art. 69). El plan anual de la Alta Inspección se presenta en el propio Consejo (art. 77).

📚 Normativa del tema

• Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (BOE-A-2003-10715)

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