⚖️ Tema 1: La Constitución española

TCAE (Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería) · Servizo Galego de Saúde · Bloque I

Resumen

El Título preliminar fija las bases del Estado. España es un Estado social y democrático de Derecho con cuatro valores superiores: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político (art. 1.1). La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que nacen los poderes del Estado. La forma política es la Monarquía parlamentaria (art. 1). La Constitución se apoya en la unidad indisoluble de la Nación. A la vez, garantiza la autonomía de nacionalidades y regiones y la solidaridad entre ellas (art. 2). El castellano es oficial en todo el Estado: hay deber de conocerlo y derecho a usarlo. Las demás lenguas españolas son oficiales en sus Comunidades según sus Estatutos (art. 3). La bandera es roja, amarilla y roja, con la franja amarilla el doble de ancha que cada roja (art. 4). La capital es la villa de Madrid (art. 5).

Los partidos políticos expresan el pluralismo y ayudan a formar y manifestar la voluntad popular. Son instrumento fundamental de la participación política. Su creación y su actividad son libres dentro de la Constitución y la ley, y su funcionamiento debe ser democrático (art. 6). El mismo régimen se aplica a sindicatos y asociaciones empresariales, que defienden sus propios intereses económicos y sociales (art. 7). Las Fuerzas Armadas son el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. Su misión es garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional (art. 8). Los poderes públicos deben lograr que la libertad y la igualdad del individuo y de sus grupos sean reales y efectivas (art. 9.2).

El art. 9.3 enumera los principios que garantiza la Constitución: legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad. La irretroactividad no alcanza a todas las normas. Solo protege frente a las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales (art. 9.3). El Título I regula los derechos y deberes fundamentales. Empieza situando la dignidad de la persona, sus derechos inviolables, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los demás como fundamento del orden político y de la paz social. Los derechos se interpretan conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados ratificados por España (art. 10).

La nacionalidad se rige por ley, pero ningún español de origen puede ser privado de ella. Caben tratados de doble nacionalidad con países iberoamericanos o con especial vinculación con España (art. 11). La mayoría de edad llega a los 18 años (art. 12). Los extranjeros pueden votar y ser elegidos solo en elecciones municipales, por reciprocidad y mediante tratado o ley (art. 13.2). No se concede la extradición por delitos políticos, pero el terrorismo no se considera delito político (art. 13.3). El Capítulo segundo comienza con la igualdad ante la ley, sin discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. La edad no aparece citada de forma expresa (art. 14).

La Sección 1.ª recoge los derechos fundamentales y libertades públicas. El art. 15 protege la vida y la integridad y prohíbe la tortura. La pena de muerte queda abolida, salvo lo que dispongan las leyes penales militares para tiempos de guerra (art. 15). La libertad ideológica y religiosa solo se limita por el orden público, y ninguna confesión es estatal (art. 16). La detención preventiva dura como máximo 72 horas, y la ley regula el habeas corpus (art. 17). Nadie puede entrar en un domicilio sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo flagrante delito (art. 18.2). La expresión y la información no admiten censura previa. El secuestro de publicaciones exige resolución judicial (art. 20).

La reunión pacífica y sin armas no necesita autorización. Para reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones basta una comunicación previa a la autoridad (art. 21). Las asociaciones se inscriben en un registro solo a efectos de publicidad. Únicamente una resolución judicial motivada puede disolverlas, y se prohíben las secretas y las paramilitares (art. 22). El art. 24 garantiza la tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia. La ley fija cuándo no hay obligación de declarar por parentesco o secreto profesional (art. 24). La Administración civil no puede imponer sanciones que priven de libertad (art. 25.3). La huelga se ejerce garantizando los servicios esenciales (art. 28.2). Los militares solo pueden ejercer el derecho de petición de forma individual (art. 29.2).

La Sección 2.ª recoge derechos y deberes de los ciudadanos. Por ley pueden regularse deberes ante grave riesgo, catástrofe o calamidad pública (art. 30.4). Todos contribuyen a los gastos públicos según su capacidad económica, con un sistema tributario igual y progresivo (art. 31). La expropiación exige utilidad pública o interés social e indemnización (art. 33.3). El trabajo da derecho a una remuneración suficiente para la persona y su familia (art. 35). Los convenios colectivos tienen fuerza vinculante (art. 37). El Capítulo tercero contiene los principios rectores: investigación de la paternidad (art. 39), jornada limitada y vacaciones retribuidas (art. 40), Seguridad Social, sobre todo ante el desempleo (art. 41), y pensiones adecuadas y actualizadas (art. 50).

Las garantías son escalonadas. Los derechos del Capítulo segundo vinculan a todos los poderes públicos. Solo una ley que respete su contenido esencial puede regular su ejercicio (art. 53.1). El art. 14 y la Sección 1.ª cuentan además con un procedimiento preferente y sumario ante los tribunales ordinarios. También tienen recurso de amparo, que alcanza a la objeción de conciencia del art. 30 (art. 53.2). Los principios rectores solo se alegan ante la jurisdicción ordinaria según las leyes que los desarrollen (art. 53.3). El Defensor del Pueblo es alto comisionado de las Cortes Generales (art. 54). En los estados de excepción y sitio pueden suspenderse ciertos derechos, aunque el art. 17.3 se mantiene en el de excepción (art. 55.1).

El derecho a la protección de la salud está en el art. 43, dentro de los principios rectores. Los poderes públicos deben organizar y tutelar la salud pública con medidas preventivas y con las prestaciones y servicios necesarios. La ley fijará los derechos y deberes de todos en esta materia (art. 43.2). También deben fomentar la educación sanitaria, la educación física y el deporte, y facilitar un uso adecuado del ocio (art. 43.3). Como principio rector, no tiene recurso de amparo (art. 53.3). Las Comunidades pueden asumir sanidad e higiene (art. 148.1.21.ª). El Estado se reserva la sanidad exterior, las bases y coordinación general de la sanidad y la legislación farmacéutica (art. 149.1.16.ª).

El Título VIII organiza el Estado en municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan, todos con autonomía (art. 137). La solidaridad atiende en particular al hecho insular. Las diferencias entre Estatutos no pueden crear privilegios económicos o sociales (art. 138). Los alcaldes los eligen los concejales o los vecinos (art. 140). Alterar los límites provinciales exige ley orgánica de las Cortes (art. 141.1). Las islas tienen Cabildos o Consejos (art. 141.4). La vía ordinaria de autonomía exige la iniciativa de las Diputaciones y de dos tercios de los municipios. Si fracasa, solo se repite pasados cinco años (art. 143). La vía rápida pide tres cuartas partes de los municipios y referéndum (art. 151.1). Se prohíbe federar Comunidades (art. 145.1).

El Estatuto es la norma institucional básica de cada Comunidad. Su reforma necesita aprobación de las Cortes mediante ley orgánica (art. 147). Las Comunidades asumen materias del art. 148. Pasados cinco años, pueden ampliarlas reformando el Estatuto (art. 148.2). Lo no asumido corresponde al Estado (art. 149.3). Las Cortes, por mayoría absoluta de cada Cámara, aprecian la necesidad de leyes de armonización (art. 150.3). En las Comunidades del art. 151, la Asamblea elige al Presidente entre sus miembros y el Rey lo nombra (art. 152.1). El Tribunal de Cuentas ejerce el control económico (art. 153). Un Delegado del Gobierno dirige la Administración estatal (art. 154). El art. 155 exige mayoría absoluta del Senado.

Claves para el examen

• Valores superiores: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político (art. 1.1).
• La soberanía nacional reside en el pueblo español; la forma política es la Monarquía parlamentaria (art. 1).
• Castellano: deber de conocerlo y derecho a usarlo (art. 3.1).
• Bandera: la franja amarilla tiene doble anchura que cada una de las rojas (art. 4.1).
• Fuerzas Armadas: Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire (art. 8.1).
• Mayoría de edad: 18 años (art. 12).
• Detención preventiva: máximo 72 horas (art. 17.2).
• Reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones: comunicación previa, no autorización (art. 21.2).
• Registro de asociaciones: solo a efectos de publicidad (art. 22.3).
• Amparo: art. 14, Sección 1.ª y objeción de conciencia del art. 30 (art. 53.2).
• Salud: medidas preventivas y prestaciones y servicios necesarios; la ley fija derechos y deberes (art. 43.2).
• El Estado se organiza en municipios, provincias y Comunidades Autónomas (art. 137).
• Iniciativa autonómica: dos tercios de los municipios; si fracasa, se reitera pasados 5 años (art. 143).
• Bases y coordinación general de la sanidad: competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.16.ª).
• Medidas del art. 155: previo requerimiento y aprobación por mayoría absoluta del Senado (art. 155.1).

Preguntas de ejemplo del tema 1

3 de las 80 preguntas del test de este tema. La explicación de cada respuesta está en la app.

1. Según el artículo 1.1 de la Constitución Española, ¿qué valores superiores de su ordenamiento jurídico propugna España como Estado social y democrático de Derecho?

   1. La libertad, la justicia, la solidaridad y la seguridad jurídica.
   2. La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
   3. La justicia, la igualdad, la solidaridad y el pluralismo social.
   4. La dignidad, la libertad, la igualdad y el pluralismo político.
   Ver la respuesta

   b) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

2. Conforme al artículo 31.1 de la Constitución Española, todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de:

   1. Proporcionalidad y suficiencia.
   2. Capacidad y solidaridad.
   3. Eficiencia y economía.
   4. Igualdad y progresividad.
   Ver la respuesta

   d) Igualdad y progresividad.

3. Según el artículo 158.2 de la Constitución, con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a:

   1. El pago de los intereses de la deuda autonómica.
   2. Gastos de inversión.
   3. La garantía de un nivel mínimo de servicios públicos fundamentales.
   4. Gastos corrientes de funcionamiento.
   Ver la respuesta

   b) Gastos de inversión.

📚 Normativa del tema

• Constitución Española (BOE-A-1978-31229)

📲 Compártelo con quien prepare la oposición: WhatsApp · Telegram

Tema 2 →